viernes, 3 de agosto de 2012

TESIS.

En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA.

A la fecha, veinticinco naciones Americanas han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998. Ver Jurisprudencia por país.

Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fue aprobada por los Estados Miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948.

Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros.

Sin embargo, el Tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor la Convención. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que en su capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, D. C.

La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó aprobar el ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en ese país. Esta decisión fue ratificada después por los Estados Partes en la Convención durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979.

Durante el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA fue aprobado el Estatuto de la Corte y, en agosto de 1980, la Corte aprobó su Reglamento, el cual incluye las normas de procedimiento. En noviembre de 2009 durante el LXXXV período ordinario de sesiones, entró en vigor un nuevo Reglamento de la Corte, el cual se aplica a todos los casos que se tramitan actualmente ante la Corte.

El 10 de septiembre de 1981 el Gobierno de Costa Rica y la Corte firmaron un Convenio de Sede, aprobado mediante Ley No. 6889 del 9 de septiembre de 1983, que incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, de los jueces, del personal y de las personas que comparezcan ante ella. Este Convenio de Sede está destinado a facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte, especialmente por la protección que da a todas aquellas personas que intervengan en los procesos. Como parte del compromiso contraído por el Gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993 éste le donó a la Corte la casa que hoy ocupa la sede del Tribunal.

El 30 de julio de 1980 la Corte Interamericana y el Gobierno de la República de Costa Rica firmaron un convenio, aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 6528 del 28 de octubre de 1980, por la cual se creó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bajo este Convenio se establece el Instituto como una entidad internacional autónoma, de naturaleza académica, dedicado a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos, con un enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América. El Instituto, con sede también en San José, Costa Rica, trabaja en apoyo del sistema interamericano de protección internacional de los derechos humanos.



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21 comentarios:

  1. jueves 26 de julio de 2012 12:00 AM

    Para que Venezuela se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es necesario que denuncie la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero para el ex magistrado de esta instancia, Asdrúbal Aguiar, la actual Carta Magna lo impide.

    "Hasta 1999 era posible desde el punto de vista formal que Venezuela pudiera denunciar la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero el artículo 31 de la Constitución cristaliza el derecho de petición que ofrece la Convención como un derecho humano de rango constitucional, entonces mal puede el Presidente de la República denunciar un tratado que menoscaba un derecho que ya cristalizó la Constitución", explicó Aguiar.

    Argumentó que el mandatario venezolano "debe solicitar previamente una reforma constitucional, porque se trata de un elemento sustancial".

    El referido artículo indica "Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar amparo a sus derechos". Además establece que el Estado adaptará "las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales competentes".

    Aguiar dice que la Corte Interamericana ha debatido el asunto y estableció que los derechos primarios, como la integridad judicial, el derecho a la tutela judicial efectiva, no tienen sentido sin el derecho a la protección de esos derechos y "por eso el derecho de petición ha cristalizado como un derecho constitucional y un derecho humano fundamental".

    Explicó que los tratados internacionales ordinarios pueden ser denunciados por los estados, pero los tratados internacionales de derechos humanos tienen una naturaleza distinta, porque son de un orden público que se sobreponen a la soberanía de los estados.

    "La soberanía se reconoce, pero no alcanza a la libertad del Estado para hacerle la guerra a sus vecinos, no alcanza para pretender solucionar la controversia por la vía de los hechos y no del derecho, y menos para tratar de realizar violaciones a los derechos humanos", dijo el jurista.

    Añadió que si bien la Corte Interamericana es producto de un acuerdo de soberanía entre estados, actúa como mecanismos de garantía de derechos en beneficio de individuos, no de estados ni de gobiernos, "entonces ese cambio de naturaleza le dificulta al Estado dar marcha atrás y decir que las cosas ahora no son así".

    Según el ex magistrado de la Corte IDH, por la vía de los hechos, el Gobierno puede hacer lo que le de la gana, remitir su carta al secretario general de la OEA anunciando que va a denunciar la Convención de los Derechos Humanos, el secretario general tendría que notificarle eso a los estados miembros y eso se concretaría al cumplir un año del preaviso.

    Pero desde el punto de vista práctico -comenta- el artículo 78 de la Convención establece que todos los hechos que hayan ocurrido con fecha anterior a la notificación de preaviso, seguirán siendo conocidos por la Comisión y la Corte hasta su decisión definitiva. "Entonces todos los hechos que han ocurrido a lo largo de los últimos 14 años seguirán bajo competencia de la Comisión".

    Para Aguiar, "lo que uno concluye es que no se quiere ser sometido a mecanismos de control, porque se sienten que están por encima del orden legal internacional".

    Considera que la decisión la toma el Gobierno en momentos que ha perdido el dominio de la agenda comunicacional. Entonces la manera de intentar tomar el control sobre la agenda es "cambiarle la cara a Simón Bolívar, y anunciar que se va retirar de la Corte".

    rtheis@eluniversal.com

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  2. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, dijo que su país denunciará la Convención Americana para concretar su retiro de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aclaró que la carta fundacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) es otra cosa distinta.

    "Son cosas totalmente distintas", declaró Maduro a periodistas e indicó que el Gobierno venezolano denunciará la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Venezuela firmó en noviembre 1969 y ratificó en 1977.

    Ese documento prevé la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) como organismos "competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos" en la Convención.

    "La carta fundacional de la OEA es una cosa, que es donde Venezuela y los distintos Estados se adhieren a la Organización de Estados Americanos. La convención se creó después", añadió.

    Maduro explicó que al denunciar la convención el país queda "después de pasar el preaviso de un año" fuera de la Corte y de la Comisión.

    "Expresamente la comunicación y todos, digamos, los argumentos legales, jurídicos que vamos a presentar deja claro esa situación", añadió.

    La convención señala que la "denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones (...) en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto".

    El jefe de la diplomacia venezolana confirmó que no se ha entregado la denuncia sin que suministrara mayores detalles.

    El pasado 30 de abril, el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció que su país se retiraría de la CIDH y el pasado 24 de julio dijo que haría lo propio con la CorteIDH tras un fallo a favor de un ciudadano acusado de terrorismo por Caracas.

    Chávez ratificó su retirada de estos organismos de la OEA e indicó que entidades como la "nefasta, podrida y degenerada" CorteIDH deben desaparecer por no estar "a la altura del mundo nuevo".

    Al recordar la denuncia de la Convención por parte de Trinidad y Tobago en 1998, la única hasta el momento, Chávez dijo que su país está "haciendo uso de la libertad nacional, de la independencia nacional para denunciar ese tratado y retirarnos, más nada".
    2 DE AGOSTO 2012

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  3. La Cidh dentro de la normativa

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se define como el “órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuya función primordial es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región”. Pero el Gobierno venezolano en diversas oportunidades ha señalado que la Comisión se encuentra “parcializada” en contra del país. Al menos así lo aseguró el pasado miércoles Germán Saltrón, agente del Estado venezolano para los Derechos Humanos, quien además calificó de “urgente” la salida del país del organismo.

    Pero revisando la historia, Venezuela es parte de la Organización de los Estados Americanos y reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 9 de agosto de 1977 al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Posteriormente, el 26 de junio de 1981, Venezuela reconoció como obligatoria, de pleno derecho y sin convención especial, la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    De hecho, nuestra Constitución expresa en su artículo 31 lo referente a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Así, este artículo dentro del Título tercero, Capítulo primero expone:

    Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

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  4. Venezuela oficializó este miércoles salida del Ciadi

    A las 12 y un minuto de la madrugada de este miércoles quedó firme el retiro de la República Bolivariana de Venezuela del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), luego de que el pasado 25 de enero Caracas formalizara su salida ante el Banco Mundial.

    El plazo de seis meses para concretarse el retiro está estipulado en el artículo 71 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, suscrito en 1993 por el gobierno provisional de Ramón J. Velásquez, reseñó AVN.

    La Cancillería venezolana recordó a principios de año que la firma del Convenio del Ciadi fue ejecutada por un gobierno “desprovisto de legitimidad popular” y bajo la presión de “sectores económicos transnacionales que participaban del desmantelamiento de la soberanía nacional venezolana”.

    De acuerdo con el artículo 72 del convenio, el retiro de Venezuela no supone el incumplimiento de las sentencias que ya han recaído sobre el país y que ascienden a 5 mil millones de dólares.

    La última causa emprendida por una transnacional contra Venezuela fue presentada el pasado 18 de junio. Se trata de la Saint-Gobain Performance Plastics European, cuya filial Norpro fue nacionalizada en 2010.

    La apuesta del Ciadi por favorecer a los capitales internacionales no solamente se ha confirmado en las 22 demandas contra el Estado venezolano, sino que desde su creación “ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales, en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia”, recordó el comunicado difundido por Cancillería en enero de este año. 26 de julio 2012

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  5. Efectos de la decisión
    Si llegara a concretarse finalmente una medida largamente anunciada, Venezuela no queda al margen del sistema interamericano, ni las personas bajo su jurisdicción desprotegidas. Es importante distinguir que la CIDH tiene una amplia gama de competencias en materia de derechos humanos en los estados miembros de la OEA y otra serie de atribuciones más detalladas en cuanto a los estados partes de la Convención.

    El artículo 78 de la CADH establece el mecanismo y los plazos para la denuncia de la misma en los siguientes términos:

    1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.

    2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.

    Lo anterior supone que, si bien, una vez entrada en vigor el retiro de la ratificación de la Convención, la CIDH no puede examinar nuevos casos mediante el mecanismo de quejas individuales, permanecen vigentes sus atribuciones, en cuanto a órgano de la OEA, en la vigilancia de los compromisos d los estados miembros, así no sean ya parte de la CADH.

    En tal sentido, la CIDH seguirá atenta a la situación de los derechos humanos en Venezuela, pudiendo producir informes especiales, incorporar información sobre el país en publicaciones temáticas y de relatorías, mantener al país (si lo estima necesario) en el capítulo IV de su informe anual, entre otras. Igualmente, los casos tramitados con anterioridad, seguirán su curso.

    El 26 de mayo de 1998, Trinidad y Tobago notificó la denuncia de la CADH. A título ilustrativo, veamos lo sucedido en el caso de Arnold Ramlogan. El caso fue recibido por la CIDH en enero de 2001, es decir, tres años después de la denuncia de la CADH; la CIDH adoptó medidas cautelares a favor de la víctima y en octubre del mismo año la Corte Interamericana ordenó medidas provisionales de protección. En el trámite del caso como tal, la Comisión recordó que:

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  6. [En virtud de los términos claros del artículo 78(2), los Estados partes de la Convención Americana acordaron que una denuncia de dicho tratado por parte de cualquiera de ellos no libera al Estado denunciante de sus obligaciones conforme a la Convención respecto de actos que puedan constituir una violación de esas obligaciones y que dicho Estado haya consumado antes de la fecha de efectividad de la denuncia. Las obligaciones de un Estado parte dentro del ámbito de la Convención comprenden las disposiciones de la Convención atinentes a los derechos y libertades sustantivos en ella garantizados y, también, los mecanismos de supervisión de la Convención, a saber los mencionados en el Capítulo VII que guardan relación con la jurisdicción, las funciones y los poderes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ende, pese a la denuncia de la Convención por parte de Trinidad y Tobago, la Comisión conservará jurisdicción sobre los reclamos por violaciones de la Convención por parte de Trinidad y Tobago que guarden relación con actos de ese Estado consumados antes del 26 de mayo de 1999. De conformidad con la jurisprudencia establecida, esto incluye actos cumplidos por el Estado antes del 26 de mayo de 1999, aunque los efectos de esos actos continúen después de esa fecha o sólo se hayan manifestado después de ésta (13).

    El caso fue decidido en octubre de 2002. La CIDH ha tramitado una gran cantidad de casos de víctimas de violaciones de derechos humanos de Trinidad y Tobago, desde mayo de 1999, cuando entró en efecto el retiro de la CADH.

    En lo que concierne a países que aún no son parte de la CADH (Estados Unidos) o que han sido suspendidos de la OEA (Cuba), la CIDH ha producido medidas cautelares (14), informes de país o temáticos y ha mantenido una actitud vigilante mediante la inclusión en el capítulo IV de su Informe Anual (15).

    Un caso singular es el de Honduras, país que fue suspendido de la OEA (16), tras el golpe de Estado de junio de 2009. Tras la suspensión, la CIDH realizó una visita in loco entre el 17 y el 21 de agosto de 2009, produciendo un amplio informe (17) sobre la situación de los derechos humanos en ese país, y realizó una visita de seguimiento en mayo de 2010.

    Todo lo expuesto permite afirmar que, una vez que la comunidad internacional ha reconocido a la persona humana como sujeto de derechos, la responsabilidad de protección y garantía de los estados no cesa con el retiro por la denuncia de un convenio. Por otra parte, invocar la soberanía por encima de los derechos de las personas, compromete seriamente el talante democrático del Estado. Aún así, los venezolanos estarán menos protegidos, pero nunca indefensos.

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  7. Venezuela "por el momento" sólo abandonará la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego estudiará si se sale de la Comisión homónima (CIDH), lo que sellaría su retiro de la OEA, dijo el viernes a la AFP el agente del Estado para los derechos humanos, Germán Saltrón.

    "La intención es salirse de la Corte por el momento" denunciando la Convención Americana de Derechos Humanos --el pacto firmado en 1969 que encarga a ese tribunal y a la CIDH la protección de los derechos humanos en el continente--, con un lapso de un año para concretarlo, explicó Saltrón.

    En ese periodo, la Corte IDH, con sede en San José, no podría recibir nuevos casos en contra de Venezuela, pero sí resolver los que están admitidos, dijo el funcionario. La Comisión, por su parte, seguiría facultada para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado venezolano.

    Desde finales de abril, el gobierno del presidente Hugo Chávez asegura que abandonará el sistema interamericano de Derechos Humanos, que incluye a la CIDH y la Corte IDH, al que acusa de estar parcializado contra Venezuela.
    Pero rápidamente se han sembrado dudas sobre cómo se concretaría ese paso.

    El canciller Nicolás Maduro reiteró esta semana que un año luego de denunciar la Convención "quedamos inmediatamente fuera de la Corte y la Comisión", sin abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA).
    Pero al denunciar la Convención, Caracas sólo se estaría excluyendo de la jurisdicción de la Corte y si decidiera abandonar la CIDH, entonces quedaría fuera de la OEA, recordó el secretario general del organismo, José Miguel Insulza.

    ¿Pero planea Venezuela salirse de la OEA?

    "Lo más seguro, porque la OEA ha probado su incompetencia", por ejemplo, cuando "no condenó al gobierno de facto de Paraguay" tras la destitución del ex presidente Fernando Lugo en junio, señaló Saltrón.

    Esa decisión dependerá, según el funcionario, de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, en las que Chávez buscará la reelección frente al opositor Henrique Capriles, que a su juicio, tiene previsto "cantar fraude" ante unos presuntos resultados adversos.

    "Si (la oposición) canta fraude y la Comisión interviene sería el hecho definitivo que la Comisión está parcializada contra Venezuela", afirmó.

    El gobierno venezolano ha denunciado que la OEA obedece a los intereses de Washington y ha propuesto sustituirla por la Unasur y más recientemente por la Celac, ente americano sin Estados Unidos ni Canadá, creado en diciembre. 3 de agosto del 2012

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  8. 02 ago 2012
    2012,CIDH
    by Maria Beatriz Aular

    (Agencia).- La decisión presidencial de retirar a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha provocado el pronunciamiento de un grupo de profesores universitarios de Derecho pertenecientes a instituciones de Educación Universitaria de gestión pública y privada en todo el país, preocupados por las implicaciones de esta acción en el devenir de la democracia.

    En tal sentido, al menos 60 profesores se dieron cita este 1 de agosto, en el salón de sesiones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales ubicado en el Palacio de las Academias, en Caracas, para presentar la Declaración contra la orden de retirar a Venezuela de la CorteIDH; iniciativa coordinada por los reconocidos juristas en materia de Derechos Humanos, Enrique Sánchez Falcón y Ricardo Antela Garrido, quien fue coredactor del texto.

    Este documento, suscrito por el Rector de UNIMAR, Gerardo Aponte Carmona, refleja el reclamo de la Academia al despropósito planteado por el Gobierno. El texto expresa que con esta decisión, se viola lo previsto en los artículos 19, 23, 31 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los allí firmantes advierten, que de ejecutarse la salida, se debilitará definitivamente la obligación internacional del Estado venezolano a respetar y proteger los derechos fundamentales de todos por igual, como la vida, prohibición de torturas, libertad personal, debido proceso, entre otros.

    Como se recordará, la CorteIDH es un tribunal es un tribunal internacional creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por lo tanto, para que Venezuela pueda retirarse y excluirse de la jurisdicción de dicha Corte, debe denunciar la totalidad de la CADH y renuncie a la aplicación total de ese Tratado en el territorio de Venezuela.

    La Declaración concluyó con el siguiente exhorto: “los abajo firmantes hacemos un llamado sincero y firme al Gobierno de Venezuela para que reconsidere su decisión, aplique la Constitución y respete los DDHH de todas las personas bajo su jurisdicción. Convocamos a la comunidad internacional, y en especial a los Estados miembros de la OEA y a su sociedad civil, a que interpongan sus buenos oficios y urjan al Gobierno de Venezuela a no denunciar la CADH y a respetar y cumplir las decisiones tanto de la ComisiónIDH como de la CorteIDH. Los derechos humanos no tienen ideología. Todos los derechos deben ser para todos, y para todos por igual”.

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  9. CorteIDH asegura que Venezuela no ha hecho nada formal para retirarse
    VA - Globovisi�n/EFE
    27/08/2012 5:27:38 p.m.

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    La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) afirmó hoy que, pese a las declaraciones del presidente Hugo Chávez, anunciando el retiro de su país de este Tribunal, Venezuela aún no ha hecho nada formal para denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

    El presidente de la CorteIDH, el peruano Diego García-Sayán, indicó en rueda de prensa con corresponsales extranjeros que este órgano solo puede referirse a hechos concretos y no a declaraciones de funcionarios, aunque sean de la más alta categoría.

    "Los hechos muestran que el número de países que reconocen la jurisdicción de la Corte es exactamente el mismo que hace seis meses. Hasta el momento no se ha dado el retiro de ninguno", afirmó.

    No obstante, García-Sayán reconoció que es una "decisión soberana" de cada Estado el permanecer o abandonar la Corte, a través de un proceso de denuncia de la Convención Interamericana.

    Para el presidente de la CorteIDH, cuya sede se encuentra en Costa Rica, es más preocupante que aún haya diez países americanos, como Estados Unidos, Canadá y varias naciones anglófonas del Caribe, que no formen parte de la Convención Interamericana, que las declaraciones de Chávez en contra del tribunal.

    Desde abril, el presidente venezolano ha venido criticando el papel de la CorteIDH luego de varias sentencias condenatorias, y en julio inclusive acusó a los jueces de "apoyar el terrorismo" por emitir un fallo a favor de Raúl Díaz, acusado en ese país de poner bombas en la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas en 2003, y condenado a nueve años de prisión.

    "Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo", dijo Chávez en un acto público a finales de julio.

    A pesar de las críticas, García-Sayán defiende el papel de esta corte en la región, y sostiene que sus sentencias sirven ahora de insumo y de norma para los sistemas jurídicos locales en una amplia gama de temas que van desde los derechos familiares y económicos hasta los derechos de los indígenas.

    Para el jurista, "el continente goza de buena salud en materia de derechos humanos ya que hay en todos los países un propósito de avanzar y no retroceder, aunque asuntos como el crimen organizado, la desigualdad y la tendencia al autoritarismo" son siempre una "amenaza".

    Además, resaltó, el cumplimiento de sentencias de la CorteIDH es alto, lo que muestra el compromiso de los países con el sistema, incluido Venezuela.

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  10. Venezuela denunciará a la CIDH “en las próximas horas”

    AFP

    CARACAS -- Venezuela entregará “en las próximas horas” la denuncia oficial del pacto que dio origen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acusa de tomar decisiones “aberrantes” en contra del país suramericano, informó este jueves el canciller Nicolás Maduro.

    “En las próximas horas ya se estará entregando en Washington, en la oficina de la Secretaría General (de la Organización de Estados Americanos) el documento oficial de denuncia de la Convención Interamericana”, dijo Maduro refiriéndose al pacto que gestiona la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    “Es lamentable haber tenido que dar este paso, pero Venezuela se ha visto obligada, dadas las decisiones aberrantes y abusivas que se han tomado contra nuestro país durante 10 años” por el organismo regional, agregó el funcionario durante un acto político del presidente Hugo Chávez.

    Desde finales de abril, el gobierno venezolano ha amenazado con abandonar el sistema interamericano de derechos humanos, que incluye la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es gestionada por la Convención del mismo nombre.

    El martes, Chávez retomó la denuncia, días después de que la Corte IDH fallara en contra de Venezuela por maltratos a un acusado de terrorismo durante su encarcelamiento en Caracas.

    “Ningún país de Europa ni Estados Unidos aceptaría que la CIDH protegiera a un terrorista”, aseguró Maduro.

    El gobierno venezolano también acusa a la Comisión de haber reconocido al gobierno golpista que lo sacó brevemente del poder en Venezuela en 2002.

    “La comisión reconoció a los golpistas y negó el apoyo al presidente Hugo Chávez, a partir de ahí se inició una serie de acciones que convirtieron a la Comisión y a la Corte en instrumentos de desestabilización”, sentenció el canciller. 10-9-2012


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  11. Venezuela formaliza ante OEA su intención de salir de la Convención Americana sobre DDHH
    SCZ - Globovisión/Nota de prensa
    10/09/2012 7:12:41 p.m.

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    Este lunes el Gobierno nacional comunicó al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, mediante nota oficial, que denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    De acuerdo a dicha Convención, artículo 78: "1. Los Estados parte podrán denunciar esta Convención (...) mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes. 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención, en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto".

    El Secretario General de la OEA lamenta la decisión adoptada por el gobierno de de Venezuela, de denunciar este instrumento jurídico, uno de los pilares de la normativa legal que ampara la defensa de los derechos humanos en el continente.

    El Secretario General manifestó su esperanza de que en el año que debe transcurrir para que dicha decisión se haga efectiva, como lo establece el Art.78, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela pueda reconsiderar su decisión.

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  12. Aseguran que denuncia de Venezuela a la Convención Americana es un retroceso en Derechos Humanos
    VA - Globovisión
    10/09/2012 7:33:29 p.m.

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    El abogado constitucionalista Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que la formalización por parte de Venezuela de su denuncia a la Convención Americana que rige a todos los países de la Organización de Estados Americanos es un grave retroceso en materia de Derechos Humanos.

    De acuerdo con Ayala Corao la gravedad de esta situación es que es una decisión presidencial que viola el principio de progresividad en los derechos de la Constitución de Venezuela. "No debería ser posible que un presidente disponga de los derechos de las personas en nuestro país", advirtió.

    Agregó que Venezuela no se puede desligar de las obligaciones contenidas en la Convención hasta que haya pasado un año, y expresó que espera que el Gobierno venezolano cambie su decisión.

    Ayala Corao indicó que un nuevo presidente venezolano podría perfectamente revertir esta decisión.

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  13. La ONU insta a Venezuela a reconsiderar su salida de la Convención Americana
    FL - Globovisión/EFE
    11/09/2012 1:02:41 p.m.

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    La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instó hoy a Venezuela a reconsiderar su decisión de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y advirtió de que ello puede suponer un serio revés para la protección de las libertades fundamentales en el país y la región.

    El pasado 1 de agosto, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, adelantó que su país denunciaría la Convención Americana para concretar su retirada de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que ahora se ha concretado.

    "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo han tenido un impacto extraordinariamente positivo sobre los derechos humanos en la región, sino que también han servido como ejemplo, puesto que han demostrado al resto del mundo lo vital y eficaz que los órganos regionales de derechos humanos pueden llegar a ser", indicó Pillay.

    En un comunicado, subrayó que "mecanismos regionales fuertes desempeñan un papel clave en el fortalecimiento del sistema internacional de derechos humanos".

    "Sin embargo, mi preocupación es menos por los organismos como tales, sino por las personas cuyos derechos humanos se verán afectados", agregó.

    "Me temo que una instancia vital de la protección de los derechos humanos de los venezolanos, y potencialmente para otros latinoamericanos, se perderá si esta decisión se lleva a cabo, quedando mucho más vulnerables a los abusos, con menos recursos jurídicos disponibles", añadió.

    "Por lo tanto, insto a Venezuela a que reconsidere su decisión de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", concluyó Pillay.

    La Alta Comisionada exhortó a todos los Estados de la región a que sigan cooperando con los mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales y que se abstengan de tomar cualquier medida que debilite "a uno de los más antiguos y eficaces mecanismos regionales de protección de derechos humanos".

    Destacó que "la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han desempeñado un papel importante en la historia democrática de la región, tal vez ahora más que nunca, en la protección de los derechos de los grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, periodistas y otros".

    Asimismo, indicó que "los gobiernos y la sociedad civil deben continuar atentos para asegurar que los logros en derechos humanos duramente ganados en la región de las Américas no se desperdicien".

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  14. Amnistía Internacional lamenta decisión de Venezuela de denunciar la Convención Americana
    VVRG - Globovisión/Nota de prensa
    12/09/2012 12:29:58 a.m.

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    Amnistía Internacional lamenta la decisión de Venezuela de denunciar formalmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante una comunicación a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), iniciando así su retiro de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    Con esta decisión, víctimas de violaciones de derechos humanos no podrán acceder a la Corte Interamericana de Derechos después de que la decisión del Estado de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos entre en vigor dentro de un año.

    “Esta acción es una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a generaciones futuras de venezolanos y venezolanas que carecerán de la posibilidad de acceder a este órgano regional cuando no puedan hacer valer sus derechos en Venezuela. La posibilidad de recurrir a un organismo internacional como la Corte Interamericana es un derecho que todos y todas los venezolanos han adquirido y que esta decisión volvería imposible de ejercer”, dijo Guadalupe Marengo, Directora Adjunta para el Programa para América.

    La promoción y protección de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación, es la piedra angular sobre la que se sustenta el estado de derecho y constituye una herramienta fundamental con la que cuentan los estados para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición.

    Los sistemas de protección de los derechos humanos a niveles regional e internacional fueron creados para garantizar a toda la población una instancia supranacional a la cual acudir cuando no se ha obtenido justicia y reparación por violaciones de derechos humanos en los sistemas de justicia internos.

    En este sentido, el sistema interamericano de derechos humanos, a través de los órganos que lo componen - la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – es un necesario complemento de la protección proveída por instancias nacionales en las Américas. A lo largo de los años, miles de víctimas y familiares en todo el continente han visto en los órganos del sistema interamericano la única posibilidad de obtener justicia, cuando la misma es negada a nivel interno.

    El derecho de acceder a la Corte Interamericana es un derecho garantizado por la Constitución Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 31 afirma que todos tienen el derecho a dirigir peticiones ante los órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Aunque todos y todas en Venezuela podrán seguir presentando peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quitar la posibilidad de que las víctimas de violaciones de derechos humanos accedan a la Corte Interamericana - la instancia más alta de justicia en el continente americano - sienta un grave y lamentable precedente.

    Amnistía Internacional se une al llamado al estado venezolano realizado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos y por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de reconsiderar esta decisión. Además, la organización recuerda al Estado venezolano que el retirarse de la Convención Americana no la sustrae de la vigilancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en virtud de ser parte de la OEA.

    Es imprescindible que Venezuela cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, reafirmando el apoyo del Estado venezolano a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como al Sistema de Naciones Unidas, incluido total cooperación con los Relatores Especiales de dicho sistema.

    “El Gobierno venezolano debe retirar su denuncia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos inmediatamente, y así demostrar verdaderamente que está comprometido con los derechos humanos”, concluyó Guadalupe Marengo.

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  15. Herman Escarrá, un constitucionalista Venezolano, asegura que la decisión del Presidente Chávez al denunciar la Comisión ,interamericana de derechos humanos,viola fragantemente la constitución y espera que durante el período de un año en que esa decisión tenga resolución habrán de revertir la misma. Introduce el constitucionalista un proyecto de ley mediante el cual la suscripción del acuerdo entre Venezuela y la convención de derechos humanos tenga carácter constitucional y forme parte integral del sistema interamericano con rango constitucional. Así mismo expresó que dicho proyecto se amplía para elaborar una sola constitución latinoamericana y del caribe.

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  16. La Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano expresó su preocupación, ante el anuncio del retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Gobierno venezolano, por lo que decidieron apoyar la solicitud llevada por Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano, de requerir la rectificación del Gobierno de Venezuela, ya que consideran que al retirarse de este arbitraje de protección se da "mala señal”.

    Durante la audiencia con Romero, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano, Juan Mario Laserna sostuvo: "Uno no quiere entrar a discutir sobre el sistema interno de los países, pero este es un tema que afecta a 4 millones de colombianos que pueden quedar dentro de un sistema judicial que no sea revisado internacionalmente y que permita grandes injusticias", indicó el senador Laserna, quien mostró su preocupación por el mensaje negativo que da Venezuela con esta decisión, con respeto a los derechos humanos.

    “Es necesario que en los países existan alternativas de justicia externas imparciales cuando se trata de violación a los derechos humanos”, indicó el congresista colombiano.

    Por su parte, el segundo vicepresidente del Senado, Edgar Espindola, argumentó que en los próximos días presentarán la proposición para pedirles a todos los congresistas que respalden una solicitud de rectificación al Gobierno venezolano sobre su retiro, pues esta medida como lo aclararon a Romero, afectaría no sólo a los venezolanos, sino a los colombianos que viven en el país vecino.

    En esta audiencia realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano, quedó planteado que así como se ha solicitado el apoyo de Colombia, para que hagan rectificar sobre esta decisión al Gobierno venezolano, se hará con otros pueblos latinoamericanos e instituciones interesadas en el tema de los derechos humanos, a fin de que respalden el mensaje de rectificación, que ya fue firmado por la alta comisionada de la ONU y el Congreso Chileno.

    Alfredo Romero, director de Foro Penal Venezolano, en esta reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano, hizo formalmente la petición de alerta ante el anuncio del retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Gobierno venezolano.

    “Estamos trayendo un mensaje de alerta urgente que requiere de los países hermanos y particularmente de Colombia, para que se pronuncien sus instituciones en virtud del retiro formal que realizó el gobierno venezolano de la CIDH”, indicó Romero.

    Sostuvo ante el senado colombiano que el Gobierno venezolano intenta desestabilizar el sistema de protección de Derechos Humanos para escabullirse de sus responsabilidades.

    “Nosotros pretendemos la atención de los diferentes países que son suscriptores de la convención para llamar al gobierno a rectificar sobre esta decisión y establecer la verdad internacionalmente, porque no puede ser solo una voz la que dice que la comisión y la corte no funcionan”, indicó el defensor de los derechos humanos a los senadores colombianos, quienes se mostraron muy preocupados por la salida de Venezuela del sistema interamericano de protección de DDHH y apoyaron tal solicitud.

    De esta manera desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado Colombiano y como consecuencia de esta visita realizada por dicho representante de esta ONG venezolana, harán una proposición a todos los congresistas de ese país, para que respalden a través de un comunicado formal la solicitud de rectificación al Gobierno venezolano.

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  17. miércoles, 12 de septiembre de 2012
    VENEZUELA DENUNCIA LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS


    Foto: Inauguración del Foro de San José sobre el ratante

    Venezuela había anunciado el 30 de abril del 2012 su posible retiro del sistema interamericano de derechos humanos sin precisar mediante qué tipo de mecanismo formal lo haría. La activista venezolana en derechos humanos Ligia Bolivar recuerda que esta propuesta se hizó por vez primera en el 2008. Los efectos de una posible denuncia de la CADH por parte de Venezuela fueron "minimizados" por algunos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales de agosto del 2012.. En en plano nacional, esta denuncia de Venezuela posiblemente de lugar a un debate interno en la medida en que la Constitución de Venezuela, al igual que muchas otras constituciones recientes de América Latina, otorga una jerarquía normativa supraconstitucional a los tratados de derechos humanos en el ordenamiento jurídico venezolano (Ver estudio sobre las consecuencias jurídicas de la jerarquía de los tratados de derechos humanos)

    REACCIONES A LA DECISION DE VENEZUELA

    De esta forma, Venezuela entrará a formar parte de los

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  18. REACCIONES A LA DECISION DE VENEZUELA

    De esta forma, Venezuela entrará a formar parte de los Estados Miembros de la OEA que no son parte a la Convención Americana de Derechos Humanos, a saber, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

    Es de notar que Estados Unidos hizó un llamado no oficial a Venezuela a "revisar su posición". Además de los órganos de la OEA, así como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los siguientes son los Estados partes a la CADH que "deploran" o "lamentan" oficialmente la decisión de Venezuela oficializada el 10 de setiembre: México (ver comunicado oficial),Paraguay (ver comunicado oficial) y Costa Rica (ver comunicado del 11 de setiembre a propósito del Foro de San José sobre Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que se lee que en su discurso, el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica: "... “deploró” la decisión de Venezuela de denunciar el Pacto de San José, y abogó porque Caracas pueda lo más pronto posible “reconsiderar la decisión” y adherirse nuevamente a la Convención Americana de Derechos Humanos".

    UN SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS AUN EN CONSTRUCCIÓN

    La decisión de Venezuela viene a complicar el panorama poco halagador del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en relación a su "universalización", es decir, la idea de que los 35 Estados Miembros de la OEA sean algun día parte plena del sistema en igualdad de condiciones y sometidos a los mismos mecanismos de supervisión y control. El sistema opera plenamente (Estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) únicamente para 21 Estados miembros de la OEA, de los cuales 18 son de habla hispana (incluyendo Brasil), y los demás son Barbados, Haití y Suriname. Con esta denuncia oficializada el pasado 10 de setiembre, Venezuela se constituye en el primer Estado de América Latina en denunciar el Pacto de San José.








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  19. a diputada al Parlamento Latinoamericano Delsa Solórzano señaló que es un descaro que nuestro país aspire a obtener un cargo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuya Asamblea de reunirá el próximo lunes con este propósito.

    Solórzano indicó que hay una resolución de la ONU que establece que los países que conforman la organización deben respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales y en Venezuela hay presos políticos.

    También manifestó que en Venezuela se cerró un canal de televisión (RCTV), se sacó del aire a 34 emisoras radiales y sobre Globovisión pesan varios procedimientos administrativos.

    Sin embargo, aclaró que es casi seguro que Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque para la región latinoamericana hay tres puestos y sólo tres candidatos: Argentina, Brasil y Venezuela.

    Solórzano dijo que, de todas maneras, la entrada del país al Consejo no le lavará la cara al gobierno y recordó que en esa instancia se encuentran en la actualidad países como Cuba y Libia.



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  20. La Asamblea General de la ONU aprobó este lunes el ingreso de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la organización internacional, en una votación en la que también resultaron elegidos Argentina y Brasil por la región de América Latina, en sustitución de Cuba, México y Uruguay.

    En una votación directa y secreta, y por mayoría absoluta, Venezuela resultó elegida junto a otros 17 países: Alemania, Argentina, Brasil, Corea, Costa de Marfil, Emiratos Árabes, Estonia, Etiopía, Gabón, Irlanda, Japón, Kazajistán, Kenia, Montenegro, Pakistán, Sierra Leona y Estados Unidos.

    La entrada de Venezuela en el CDH, que se hará formal el 1 de enero próximo, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Fundation o UN Watch, que consideran que ese país no cumple los requisitos para poder formar parte de una organización que vela por la protección de los derechos universales.

    Sin embargo el embajador venezolano, Jorge Valero expresó: "Es una victoria abrumadora y sin precedentes de la revolución bolivariana que demuestra el apoyo de la comunidad internacional a nuestras políticas y que pone en evidencia que en Venezuela se están cumpliendo de manera escrupulosa los derechos fundamentales".

    Por su parte, el presidente de Human Rights Foundation, Thor Halvorssen, dijo que la votación fue "lamentable y terrible" para los derechos humanos. Halvorssen, quien vaticinó que los representantes de Venezuela se dedicarán a bloquear con "procedimientos técnicos y artimañas" cualquier intento de denunciar violaciones "en su país o de sus aliados", señaló que la votación "le resta credibilidad" al Consejo, pues ha abierto las puertas a países con un historial que a su juicio "deja mucho que desear".

    "¿Cómo es posible? No es una cuestión de norte o sur. Aquí se debate entre lo que está bien y lo que está mal, entre derechos humanos y violadores de derechos humanos", dijo Halvorssen, para quien lo único que resta por hacer es "seguir exponiendo" ante la opinión pública a los países que violan los derechos humanos.

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  21. .


    UNIVERSIDAD DE LA SALLE
    FACULTAD DE DERECHO

    Trabajo Final de Graduación para Optar por el Grado Académico de Licenciatura en Derecho

    Análisis del alcance jurídico del retiro unilateral de la República Bolivariana de Venezuela de los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el ejercicio del Ius Puniendi del Estado para la aplicación de la Ley y medidas sancionatorias
    Modalidad Tesis

    Sustentante
    Max Sihman Vaisman

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