En
noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los
delegados de los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos redactaron la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el
undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA.
A la fecha, veinticinco naciones Americanas han ratificado o se han
adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al Secretario General
de la OEA, el 26 de mayo de 1998.
Ver Jurisprudencia por país.
Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo
ratifiquen o se adhieran a él y representa la culminación de un proceso
que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las
naciones de América se reunieron en México y decidieron que una
declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que
pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fue aprobada
por los Estados Miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de
1948.
Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el
continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes
para conocer de las violaciones a los derechos humanos: la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en
1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eligió sus
primeros miembros.
Sin embargo, el Tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que
entró en vigor la Convención. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes
en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los
juristas que en su capacidad personal, serían los primeros jueces que
compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se
celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington,
D. C.
La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó
aprobar el ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la
sede de la Corte se estableciera en ese país. Esta decisión fue
ratificada después por los Estados Partes en la Convención durante el
Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General,
celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la Corte
se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979.
Durante el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA fue aprobado el
Estatuto de la Corte
y, en agosto de 1980, la Corte aprobó su Reglamento, el cual incluye
las normas de procedimiento. En noviembre de 2009 durante el LXXXV
período ordinario de sesiones, entró en vigor un nuevo
Reglamento de la Corte, el cual se aplica a todos los casos que se tramitan actualmente ante la Corte.
El 10 de septiembre de 1981 el Gobierno de Costa Rica y la Corte
firmaron un Convenio de Sede, aprobado mediante Ley No. 6889 del 9 de
septiembre de 1983, que incluye el régimen de inmunidades y privilegios
de la Corte, de los jueces, del personal y de las personas que
comparezcan ante ella. Este Convenio de Sede está destinado a facilitar
el normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte, especialmente
por la protección que da a todas aquellas personas que intervengan en
los procesos. Como parte del compromiso contraído por el Gobierno de
Costa Rica, en noviembre de 1993 éste le donó a la Corte la casa que hoy
ocupa la sede del Tribunal.
El 30 de julio de 1980 la Corte Interamericana y el Gobierno de la
República de Costa Rica firmaron un convenio, aprobado por la Asamblea
Legislativa mediante Ley No. 6528 del 28 de octubre de 1980, por la cual
se creó el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Bajo este Convenio se establece el Instituto como una entidad
internacional autónoma, de naturaleza académica, dedicado a la
enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos, con un
enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América. El
Instituto, con sede también en San José, Costa Rica, trabaja en apoyo
del sistema interamericano de protección internacional de los derechos
humanos.
